Límits del Dret d´informació dels representants sindicals

Consideracions jurídiques:

Primera- Conforme al que s'estableix en l'article 10.3 de LOLS, els delegats sindicals, en el cas que no formin part del comitè d'empresa, tindran les mateixes garanties que les establertes legalment per als membres dels comitès d'empresa o dels òrgans de representació que s'estableixin en les Administracions Públiques, així com els següents drets sense perjudici del que es pogués establir per conveni col·lectiu:

«a) Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comitéde empresa, estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materiasen las que Legalmente proceda (…)».
Estableix l'article 40 del TREBEP que:

«1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos:
a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución delas retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora delrendimiento.

b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado total oparcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos detrabajo.

c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, asícomo en el régimen de vacaciones y permisos.

e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención deriesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante losorganismos competentes.

f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidasprocuren el mantenimiento e incremento de la productividad. ».

Atès que, com hem vist, als delegats sindicals els assisteixen els mateixos drets d'accés a la informació que els comitès d'empresa o òrgans de representació, s'ha d'acudir al que es disposa per l'article 64.1 del TRLET, que estableix:

«1. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquelles cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este artículo. Se entiende por información la transmisión de datos por el empresario al comité de empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen. Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo. En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores».
De la lectura d´aquest precepte, s'observa que el dret reconegut als representants sindicals respecte de la informació a la qual poden accedir és bastant genèric, però en tot cas ha d'estar relacionat amb qüestions que puguin afectar els treballadors. I no s'observa l'existència de cap límit temporal en relació amb la informació a la qual el representant pugui accedir. De fet, com a regla general, el que s'ha negociat entre l'administració i els treballadors no té un període de caducitat sinó que els seus efectes romanen en el temps.

Per això, la denegació de les sol·licituds s'ha de contemplar en casos excepcionals en els quals la informació sol·licitada no estigui relacionada amb cap de les matèries previstes per l'article 64 TRLET, o en aquells en els quals es produeixi un abús del dret per part del representant.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Sala contenciosa administrativa, Secció 9a, Sentència 368/2011 d'11 Maig 2011, Rec. 397/2010 diu sobre aquest dret d'accés a la informació, en una matèria similar en la qual un sindicat sol·licita els quadrants del treball de la policia que:

”En este caso, la información solicitada del Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix por el delegado sindical de la Sección Sindical de CSI-CSIF en dicho Ayuntamiento fue "que le sean facilitados los cuadrantes de los días en los cuales los integrantes del Servicio de Policía Local han ejercido su prestación funcionarial durante los años 2007 y 2008", y esta petición alude, de forma inequívoca, como acertadamente ha entendido el Juzgado, a obtener información sobr elos días concretos que, durante el periodo indicado, han ejercido su prestación funcionarial los integrantes del Servicio de Policía Local, información, sin duda, de interés para el sindicato, pues le permite analizar aspectos esenciales de la política de personal, tales como la suficiencia de la plantilla, el cumplimiento efectivo de la jornada laboral por los integrantes del Servicio, el posible absentismo laboral, la efectividad del cumplimiento delos periodos de libranza, disfrute de permisos, etc. Se trata, por lo tanto, de datos sobre la política de personal sobre la que tiene derecho a ser informado (apartado a, del precepto transcrito) y que, por lo expuesto, tienen repercusión directa en sus funciones de vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condicionesde trabajo (apartado e, del precepto transcrito) y de colaborar con la Administración para conseguir elestablecimiento de medidas sobre el mantenimiento e incremento de la productividad (apartado f, del precepto).

Por lo tanto, debemos convenir con el Juzgado en que la información solicitada tiene amparo legal y es necesariapara el desempeño por el sindicato de las funciones que tiene legalmente reconocidas.”

Per tant, entenem que el representant pot accedir a tota aquella informació que afecti als treballadors, independentment de l'any en què es va elaborar o va adquirir per l'Administració, i amb independència de l'any en què el treballador va assumir la representació sindical.

Segona- Una qüestió que ens podríem plantejar és si les Meses de Negociació de l'Administració Local són o no òrgans col·legiats, ja que, en funció de la conclusió, es podrà inferir si tenen o no l'obligació d'aixecar actes de les seves reunions.
Segons el parer del Consell de Transparència i Bon Govern, Resolució 0485/2017, de 25 de gener de 2018, la resposta ha de ser negativa, per les raons que s'exposen a continuació:

1. El TREBEP les regula en el seu article 36, de la manera següent:

“1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de las materias a negociar.

La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas.

2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el artículo 37 de este Estatuto que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las comunidades autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Función Pública.

Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.

3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de Trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación.

Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación.

Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.”

2. La Jurisprudència de l'Audiència Nacional és clara quan assenyala, en la seva Sentència de 12 d'abril de 2012, el següent: “no hay que olvidar que la Mesa no es un órgano colegiado en el marco del Capítulo II del título II de La Ley 30/1992, y por tanto estos "defectos formales" que se desarrollan con base al art. 27 de la LRJ-PAC no determinarían la nulidad de la O.M recurrida por falta de negociación colectiva previa en el marco del art. 33 del EBEP . Además, estos mismos argumentos de la parte fueron rechazados por el TS en su Sentencia de 30-1-2012 (Rec. 69/2010) viendo el recurso interpuesto por la entidad sindical hoy recurrente contra al R.D. 2033/2009, recurso en el que se cuestionaba la existencia de negociación colectiva previa y la falta de autenticidad de los documentos que las reflejaban: "Por otro lado, no puede compartirse la falta de autenticidad que pretende reprocharse a tales documentos sobre la base de que no aparecen firmados por quienes intervinieron en las reuniones que formalizan. Lo aportado son las copias de las actas que formalizan unes actuaciones realizadas en una Administración pública, obrantes en sus archivos, y para su autenticidad, con el valor de documento público, basta, como aquí acontece, que hayan sido expedidas y certificadas por el correspondiente órgano Administrativo (artículo 317.6º de la Ley de Enjuiciamiento Civil); y no se ha cuestionado la habilitación de la autoridad o funcionario que las ha expedido o certificado .". (sic)

Per tant, segons el Consell de Transparència ha de concloure's que una Mesa de Negociació, o una Comissió Tècnica creada en aquesta, no és un òrgan col·legiat ja que no s'incardina en l'estructura orgànica de l'Administració ni té atribuïda competència administrativa cap, no li són aplicable les previsions legals sobre el funcionament d'aquests òrgans

Tercera- No obstant l´anterior, l´Ajuntament consultant indica que s'aixequen actes de les sessions de les Meses. I s´entén que les actes de les sessions de la Mesa sindical se solen referir a matèries que són pròpies dels àmbits de la negociació, i que, per aquest simple motiu es refereixen a aquelles matèries sobre les quals han de tenir informació els delegats.

Pel que respecta a aquestes actes, en defecte de regulació tant al TREBEP, al TRET i a la LOLS, a falta de normativa interna que reguli el funcionament de la Mesa de Negociació, entenem que resultarà d'aplicació supletòria el règim previst en els articles 15 i següents de la LRJSP, de caràcter bàsic.

Així, resultaran d'aplicació les determinacions de l'article 15 de la LRJSP que estableix:

“1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. (...)”

I pel que fa a les actes, l´article 18 de la LRJSP, que assenyala el següent:

“1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias dellugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como elcontenido de los acuerdos adoptados.

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de lagrabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad delmismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión,podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los punto sprincipales de las deliberaciones.

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.”.

Quarta- Finalment, cal recordar que la LTAIBG reconeix en el seu article 12 el dret de totes les persones a accedir a la informació pública, entesa, segons l'article 13 de la mateixa norma, com “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

És a dir, la LTAIBG reconeix i regula el dret a accedir a informació pública que estigui en possessió de l'Organisme al qual es dirigeix la sol·licitud bé perquè ell mateix l'ha elaborat o perquè l'ha obtingut en l'exercici de les funcions que té encomanades.